Opinión: "Cuando un gobierno pierde el rumbo"

(Columna de Opinión)
por Guillermo Satalia Mendez (*)

Cuando un gobierno pierde el rumbo, suele construir enemigos internos como estrategia para distraer, polarizar y evitar hacerse cargo de su propio desastre. En Concordia, esa práctica tiene nombre y número: Decreto N.º 679/2025, firmado por el intendente Francisco Azcué. Un decreto que, lejos de ser una mera reglamentación administrativa, representa un golpe frontal a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al equilibrio institucional que debe regir en toda república democrática.

¿Qué hizo Azcué?

El intendente resolvió, por vía unilateral y sin ningún tipo de diálogo previo con las organizaciones sindicales, establecer una serie de restricciones a la actividad gremial de los trabajadores municipales.

El decreto:

• Condiciona la representación sindical a notificaciones con 10 días de anticipación (Art. 2°).

• Excluye de tutela sindical a trabajadores contratados (Art. 3°).

• Restringe las asambleas en tiempo, espacio y forma (Arts. 4° al 7°).

• Impone un tope de 20 horas mensuales a la actividad gremial de los delegados (Art. 8°).

En resumen, convierte derechos constitucionales en permisos precarios, concedidos si y solo si el Ejecutivo lo autoriza. Y lo hace, paradójicamente, mientras enarbola el discurso republicano.

Un decreto que viola la Constitución, leyes y tratados internacionales

La Constitución Nacional (art. 14 bis), la Ley 23.551 y tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) como los Convenios 87, 98 y 135 de la OIT, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son claros al señalar de manera unánime: “…La libertad sindical no puede ser condicionada, recortada ni reglamentada con fines obstructivos…”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido categórica en este punto. En “ATE c/ Estado Nacional” (Fallos 336:760), ratificó que las condiciones laborales deben surgir de la negociación colectiva, no de decisiones administrativas unilaterales.

La Corte Interamericana también ha advertido en su Opinión Consultiva OC-5/85 que ningún Estado puede imponer “condiciones formales” que limiten el ejercicio efectivo del derecho sindical.

El costo institucional y político: cuando el poder se usa para castigar

Este tipo de decisiones no solo vulnera normas legales: descompone el tejido institucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Un decreto que pretende limitar la actividad sindical por fuera de toda negociación paritaria no es una mera desprolijidad jurídica: es una señal política de intolerancia, disciplinamiento y autoritarismo.

Mientras cientos de familias en Concordia padecen los efectos de la recesión, la pérdida de empleo y la caída del poder adquisitivo, el Ejecutivo municipal redobla la confrontación con sus propios trabajadores. En lugar de generar consensos, prefiere gobernar con amenazas, traslados arbitrarios, recortes y silencios impuestos.

Ya son más de 100 contratos que no se renovaron, trabajadores reubicados sin justificación ni criterio técnico, y empleados que son perseguidos por su afiliación gremial o su ideología política, sumado a  una política salarial que ha sido claramente insuficiente frente a la inflación, generando una caída brutal del salario real del personal municipal.

En Concordia, levantar la voz tiene precio, y el decreto se ha transformado en el látigo administrativo de quienes incomodan al poder y la democracia deliberativa ha sido reemplazada por el decisionismo solitario.  

No hay mesas de negociación, no hay voluntad de diálogo, y lo que es más grave aún: no hay respeto por las voces disidentes.

El silencio de sectores del poder local, que deberían ser contrapeso institucional, solo agrava esta deriva autoritaria. Cuando las instituciones se callan ante los abusos, el autoritarismo avanza disfrazado de eficiencia, pero lo que se pierde, en ese camino, es lo más valioso que tiene una república: la legalidad, la participación y la dignidad de sus trabajadores.

Lo que está en juego no es solo un decreto

Este no es un tema “sindical” en sentido estrecho, es una alarma institucional; pues si hoy el Ejecutivo puede restringir derechos laborales por decreto, mañana podría hacer lo mismo con otros sectores: limitar expresiones artísticas, recortar derechos culturales, perseguir organizaciones sociales.

La democracia no se resiente de golpe, se erosiona paso a paso.

El Concejo no puede mirar para otro lado: hay que frenar esta avanzada

Desde el Concejo Deliberante tenemos una responsabilidad política y moral ineludible, pues no fuimos electos para ser escribanos del Ejecutivo ni para convalidar retrocesos en derechos adquiridos y frente a un decreto que atropella la libertad sindical y pretende disciplinar a las y los trabajadores municipales, debemos tomar partido.

Esto no es una interna gremial ni una diferencia técnica: es una cuestión de democracia, pues cuando se vulneran derechos constitucionales por decreto, se rompe el pacto democrático y si el poder político no reacciona, se convierte en cómplice.

Desde el Concejo debemos exigir la inmediata derogación del Decreto N.º 679/2025, por su manifiesta inconstitucionalidad y por invadir atribuciones propias de la negociación colectiva.

No se gobierna por decreto lo que exige diálogo social

En una ciudad golpeada por la pobreza, el desempleo y la desesperanza, resulta incomprensible e inaceptable que el Ejecutivo municipal elija enfrentar a quienes defienden derechos, en lugar de convocarlos al diálogo. Concordia no necesita autoritarismo disfrazado de orden,  necesita una política que escuche, que respete y que construya desde abajo, junto al pueblo trabajador.

Los gremios no son una amenaza, son parte esencial del tejido democrático, son la voz colectiva de quienes, día a día, hacen funcionar el Estado desde sus bases, por lo que negarles derechos, ponerles condiciones arbitrarias, asfixiar su accionar, no solo es ilegal: es profundamente antidemocrático.

El movimiento sindical ha sido, históricamente, una garantía de equilibrio frente a los abusos del poder, un canal de organización social, una herramienta de justicia para quienes tienen poco o nada, por lo que atacar su legitimidad es atacar la memoria democrática de este país. Y hacerlo por decreto, sin consenso, sin debate, sin escuchar a nadie, revela un estilo de gobierno que desprecia los límites institucionales y la convivencia democrática.

Gobernar no es mandar, es tender puentes, construir acuerdos, respetar la Constitución y honrar la voluntad popular, implicando reconocer que los derechos laborales no son obstáculos, sino conquistas históricas que costaron luchas, despidos, persecuciones y hasta vidas.

Decretar sobre derechos ajenos sin escuchar a quienes los ejercen es, además de ilegal, profundamente injusto.

Concordia necesita otra política

Una política que no le tema a la organización sindical ni al reclamo justo. Una política que no confunda orden con obediencia ciega, ni crea que los derechos de los trabajadores son una molestia a disciplinar por decreto.

Una política que entienda que el Estado no se defiende persiguiendo delegados, sino respetando la Constitución, fortaleciendo el diálogo social y garantizando el acceso igualitario a la palabra y a la participación.

Los gremios no son un obstáculo para el desarrollo: son la expresión colectiva de quienes sostienen cada día las funciones esenciales del municipio y  condicionar su accionar o recortar sus derechos por vía administrativa es retroceder décadas en nuestra historia democrática.

Como concejal y como abogado laboralista, no puedo quedarme callado frente a este retroceso, porque en el silencio cómplice crece la injusticia, y en la pasividad del poder se alimentan las peores formas del autoritarismo administrativo.

Defender el Estado de Derecho es también defender la gestión sindical, porque sin libertad sindical, no hay democracia real y por sobre todo porque sin organización, no hay justicia social.

Como concejal de Concordia no estoy para hacer silencio ni para maquillar lo inaceptable, estoy para defender a quienes todos los días hacen funcionar esta ciudad desde abajo, con su trabajo y su dignidad. Si se usa el poder para hacerlos callar, entonces hay que usar la representación para hablar, porque cuando el Estado se corre del diálogo y el respeto, es deber del que representa al pueblo: poner un freno a cualquier conducta autoritaria.

Yo no estoy acá para dejar pasar, estoy para decirlo y para actuar en consecuencia, no solo por mí, sino por todos los que vienen detrás y merecen un municipio más justo, más democrático y más humano.

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* Concejal de Concordia (Bloque Justicialista) - ex Secretario de Desarrollo Productivo y Participación Ciudadana de la Municipalidad deConcordia durante la gestión de Enrique Cresto - ex Delegado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación