Los trabajadores y trabajadoras del Estado dieron un paso importante en el proceso de recategorización, un derecho clave que apunta a mejorar las condiciones laborales y que es considerado la antesala del convenio colectivo de trabajo. Sin embargo, desde los sindicatos remarcaron que sin una convocatoria a paritarias, los avances resultan insuficientes frente a la fuerte pérdida del poder adquisitivo.
El Secretario General de ATE, Oscar Muntes, destacó que la recategorización y las capacitaciones son fundamentales para la vida laboral de los empleados públicos y aseguró que los gremios nunca se opondrán a este tipo de medidas. “Es un avance importante, pero lo dejamos muy claro: si no hay fecha de convocatoria salarial, el esfuerzo no sirve”, sostuvo, al tiempo que advirtió que el salario sigue siendo el eje central del reclamo.
En ese sentido, subrayó que los trabajadores del Estado han perdido alrededor del 41% de su poder adquisitivo, por lo que la discusión salarial resulta urgente. “Lo fundamental es cómo dignificamos el salario”, remarcó.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la implementación de instancias de capacitación, que serán tenidas en cuenta dentro del proceso de recategorización. Desde los gremios celebraron que el Estado asuma la responsabilidad de formar y capacitar a los trabajadores para garantizar igualdad de condiciones. Además, se valoró el alto nivel de participación y entusiasmo en los cursos que UPCN viene desarrollando y que continuarán durante todo el mes de febrero.
El Gobierno provincial formalizó el Instructivo de Recategorizaciones con los gremios estatales
Otro aspecto destacado fue la formalización del instructivo de recategorización, que introduce cambios sustanciales en la dinámica del proceso. “Ya no solo se contemplan la antigüedad y la capacitación, sino también plazos más claros para que las recategorizaciones se hagan efectivas”. En este marco, Carina Domínguez, secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), pidió por mayor agilidad administrativa y propuso la incorporación del expediente electrónico para acelerar los trámites.
Asimismo, Domínguez remarcó el nuevo rol que tendrán las organizaciones sindicales, según la gremialista, ya no se limitarán a verificar listados, sino que acompañarán a cada trabajador para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y una correcta información durante todo el proceso. También se impulsará la actualización de datos en el Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap), donde se debería concentrar la información de todos los empleados públicos.
En cuanto a la situación laboral, desde UPCN valoraron la continuidad de más de 1.700 trabajadores temporarios sobre un total de 1.800 en la provincia, destacando el esfuerzo realizado para sostener el empleo en un contexto nacional adverso.
Finalmente, manifestaron su preocupación ante el debate de una posible reforma laboral a nivel nacional. Advirtieron que el concepto de productividad puede convertirse en una “trampa” si implica pérdida de derechos y aseguraron que se mantendrán atentos para evitar que estas medidas impacten negativamente también en el empleo público.
Aunque no se definió una fecha para una próxima reunión paritaria, los sindicatos insistieron en que el diálogo es indispensable y que la recomposición salarial debe ser una prioridad urgente para el gobierno.
(APFDigital)
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