Desde el partido Compromiso por Concordia expresaron en un comunicado "nuestro pleno respaldo a Gilda Cabrera y Santiago Uranga, inspectores municipales que en la madrugada del 15 de marzo pasado cumplieron correctamente con su función", afirman y señalan que "detectaron el consumo de alcohol en la vía pública en un comercio de calles Moulins y Concejal Veiga, labraron el acta correspondiente y aplicaron la normativa vigente". En este sentido hicieron observaciones al accionar posterior del Ejecutivo Municipal advirtiendo la posibilidad de que el Intendente podría estar al borde de cometer delitos penales.
"Lo que siguió (con las decisiones tomadas por el Ejecutivo sobre los Inspectores) no es una irregularidad administrativa. Es algo más grave", subrayaron.
Los hechos — sin rodeos
La propia inspectora Cabrera relató en declaraciones al medio El Concordiense, que su jefe los convocó el martes 31 de marzo (con posterioridad a la viralización del video de la polémica), los llevó a una oficina y les comunicó textualmente: "Vamos a salir a decir públicamente que les vamos a hacer sumario, que los vamos a sacar de la calle para protegerlos." Cuando los inspectores manifestaron su desacuerdo, la versión se ajustó: el comunicado de la Municipalidad no diría "sumario" sino "investigación interna".
En paralelo, el mismo jefe habría reconocido ante un gremio municipal que el procedimiento fue correcto, que la infracción existió, que la multa se aplicó bien y que no había nada que objetar de la función de los inspectores.
Dicho en términos simples: todos sabían que Cabrera y Uranga habían actuado bien. Los separaron del cargo igual, y lo anunciaron públicamente como si fueran objeto de una investigación disciplinaria que, según sus propias palabras, no existía como tal.
Esto no es solo injusto. Puede ser un delito.
En este sentido, desde Compromiso por Concordia señalan que "cuando un funcionario público dicta una medida —en este caso, la separación provisoria del cargo con anuncio público de investigación— sin causa disciplinaria real, con finalidad declaradamente política y en perjuicio de empleados que cumplieron correctamente su función, los hechos descriptos podrían configurar conductas penalmente reprochables".
En particular, "podrían encuadrarse en las figuras de abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal), que reprime al funcionario que dicta resoluciones contrarias a la ley en perjuicio de terceros, y de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249 CP). Ambas son figuras de acción pública, perseguibles de oficio: no requieren que las víctimas denuncien — el Ministerio Público Fiscal puede actuar por iniciativa propia ante el conocimiento de los hechos", precisan desde Compromiso por Concordia.
Por lo que la Justicia podría actuar de oficio, y dada la amplia repercusión en los medios y en las redes sociales que está teniendo el tema, no pueden argumentar no estar enterados del tema.
"No estamos haciendo una acusación", aclaran desde el partido. "Estamos señalando que los hechos relatados públicamente por la propia inspectora merecen ser investigados por los organismos competentes. Si lo que se describió ocurrió tal como fue relatado, no alcanza con una disculpa ni con dar marcha atrás en la medida. Corresponde que la Justicia lo examine".
El fondo del problema
Gilda Cabrera tiene 25 años de servicio municipal. Es docente, madre, ciudadana. Salió a trabajar de madrugada, con custodia policial, en un operativo de control nocturno que la misma gestión ordenó. Hizo exactamente lo que se supone que debe hacer un inspector. El comercio involucrado registra múltiples antecedentes de incumplimiento. No hay ningún elemento que justifique la medida adoptada — salvo la presión mediática de una dirigente libertaria con llegada a las redes sociales.
Cuando el Estado castiga a sus empleados por cumplir la ley, les manda un mensaje muy concreto: mirá para el costado, no te expongas, esperá que pase la tormenta. Ese mensaje destruye la capacidad institucional del Estado desde adentro. Y el costo lo pagan siempre los eslabones más débiles de la cadena: los trabajadores de carrera que pusieron la cara en la calle.
Lo que exigimos
Compromiso por Concordia considera que "se debe decir públicamente la verdad: si el procedimiento fue correcto o no, si la infracción existió o no, si los inspectores actuaron bien o no, y que el comercio involucrado registra antecedentes de incumplimiento reiterado. Eso es lo mínimo que le debe a sus propios trabajadores".
Desde Compromiso por Concordia "presentaremos ante el Concejo Deliberante un pedido formal de informes sobre las sanciones aplicadas a los inspectores Cabrera y Uranga, los criterios con que el Ejecutivo tomó esa decisión, y el contenido de las comunicaciones internas que la motivaron", adelantaron.
"Vamos a estar siempre del lado de quienes cumplen con su trabajo", concluye el comunicado que lleva las firmas de Cr. Álvaro Sierra, Dr. Pablo Lapiduz y Lic. Silvia Dri, referentes de Compromiso por Concordia.
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