Benitez: entre la deuda por violencia laboral y el posicionamiento con Bordet y Michel

El intendente de Puerto Yeruá, Daniel Benítez, atraviesa el tramo final de su administración bajo una fuerte presión judicial y social. A pesar de su posicionamiento dentro del esquema político provincial —vinculándose a los dirigentes Gustavo Bordet y Guillermo Michel—, su gestión local se encuentra signada por una condena firme de la Justicia del Trabajo, la supuesta compra de un terreno en un barrio privado y un creciente malestar en la comunidad por la falta de servicios básicos.

La sentencia: Violencia y discriminación laboral

El conflicto legal que compromete el patrimonio del jefe comunal se remonta al 29 de abril de 2025, cuando el Juez Roberto Masara, titular del Juzgado del Trabajo Nº 4 de Concordia, dictó un fallo contra Benítez y su secretaria de Gobierno, Silvia Bel. La resolución, de 37 fojas, determinó la culpabilidad de ambos funcionarios en actos de persecución, maltrato y discriminación laboral contra la trabajadora municipal Marcela Schvin.

Los puntos clave del fallo incluyen:

• Indemnización millonaria: El magistrado fijó una reparación económica equivalente a 13 salarios más intereses acumulados.
• Responsabilidad compartida: A Benítez se le atribuyó el 80% de la carga financiera, cifra que actualmente se estima cercana a los 50 millones de pesos.
• Capacitación obligatoria: La Justicia ordenó a los condenados realizar cursos de formación en perspectiva de género y garantizar condiciones laborales dignas para la denunciante.

Mientras que la secretaria Bel habría cumplimentado su parte de la sanción, el intendente Benítez aún mantiene la deuda pendiente, alegando presunta insolvencia para afrontar el pago.

Cuestionamientos patrimoniales

La situación del intendente se agravó tras trascender información sobre una reciente adquisición de una propiedad en el barrio El África, según publica 7Páginas. Los reportes periodísticos indican que la vivienda está siendo reacondicionada para su ocupación inmediata. Esta inversión inmobiliaria contradice la supuesta falta de fondos presentada ante la Justicia, lo que ha generado sospechas sobre la titularidad del bien y la posible utilización de mecanismos para resguardar su patrimonio frente a la demanda civil.

Una gestión bajo la lupa de los vecinos

Más allá de los tribunales, el panorama en Puerto Yeruá refleja una marcada parálisis administrativa. Según testimonios recolectados, la localidad padece un déficit estructural notable:

Infraestructura vial: Vecinos denuncian la ausencia total de obras de cordón cuneta y el deterioro extremo de la trama vial durante los dos mandatos de Benítez.

Servicios básicos: Se reportan fallas críticas en el alumbrado público y falta de mantenimiento general en los espacios comunes.

Crisis social: Recientemente, el área de Desarrollo Social fue blanco de críticas por la entrega de partidas de alimentos en mal estado a sectores vulnerables (los alimentos habrían tenido gorgojos).

Con el mandato próximo a concluir, la realidad de Puerto Yeruá dista de la imagen de "renovación" que el dirigente intenta proyectar en el ámbito político departamental, alineándose con el ex gobernador Gustavo Bordet y con el diputado nacional y eventual candidato a gobernador del peronismo Guillermo Michel. El legado de su administración parece estar condicionado por el cumplimiento de una sentencia judicial que busca reparar la dignidad de una trabajadora afectada por el abuso de poder.

(Con información de 7Páginas)