La presidenta del bloque justicialista cuestionó el procedimiento que terminó con la adjudicación de la Licitación Pública Nº 47/2026 a VITSA y reclamó que el Ejecutivo revise lo actuado antes de avanzar con un contrato de cuatro años y miles de millones de pesos. Señaló que un integrante de la Comisión Evaluadora ubicó a la empresa tercera en el orden de mérito, cuestionó el tratamiento de los microbasurales y recordó que las mismas advertencias habían sido realizadas antes de la contratación directa y antes de la apertura de ofertas. También apuntó que, si el Ejecutivo insiste en avanzar pese a los cuestionamientos, podrían surgir responsabilidades administrativas, patrimoniales y eventualmente penales para los funcionarios involucrados.
La concejal y presidenta del bloque justicialista Carolina Amiano reclamó al Departamento Ejecutivo que revise el procedimiento de la Licitación Pública Nº 47/2026 para la recolección de residuos antes de profundizar la ejecución del contrato adjudicado a VITSA.
“Estamos frente a una contratación de enorme magnitud económica y de un servicio público esencial. Por eso creemos que el Municipio todavía está a tiempo de revisar lo actuado, corregir lo que tenga que corregir y garantizar que todo el procedimiento pueda ser explicado y controlado documentalmente”, sostuvo.
Uno de los elementos que, según Amiano, requiere una revisión particular es el resultado de la evaluación de las ofertas. La mayoría de la Comisión Evaluadora consideró a VITSA como la propuesta de mayor puntaje y recomendó su adjudicación. Sin embargo, el contador Matías Oscar Rodríguez, integrante con voto de esa Comisión, emitió un dictamen disidente en el que estableció un orden de mérito diferente.
“Rodríguez sostuvo que ASHIRA debía quedar primera, Bodegas y Viñedos Santa Elena segunda, VITSA tercera y Transportes Malvinas cuarta. Y no solamente estableció ese orden: aconsejó expresamente adjudicar el servicio a ASHIRA. Eso obliga a revisar cómo se construyó el puntaje y cuáles fueron los criterios utilizados para llegar al resultado final.”
Amiano cuestionó además que ese voto disidente no haya formado parte inicialmente de la documentación remitida al Concejo Deliberante.
“Pedimos información para poder controlar el procedimiento y recibimos documentación incompleta. El voto de Rodríguez apareció después, cuando ya estaba transcurriendo el plazo para impugnar el decreto de adjudicación. Estamos hablando de un documento central, porque modifica sustancialmente el orden de mérito.”
La concejal aclaró que no atribuye automáticamente una intención determinada a esa situación, pero consideró que debe ser explicada.
“No digo que la ausencia inicial del documento pruebe por sí misma una intención. Lo que digo es que, cuando existe un contrato de esta magnitud, con plazos breves para impugnar y con una diferencia tan importante entre los integrantes de la Comisión Evaluadora, toda la documentación debe estar disponible en tiempo y forma. Eso es una condición básica para que exista control.”
Otro de los puntos que Amiano considera necesario revisar es el tratamiento que tuvieron los microbasurales dentro del procedimiento.
“Acá hay una contradicción que para nosotros es muy importante. La emergencia ambiental que aprobó el Concejo tuvo entre sus fundamentos la proliferación de los microbasurales y la necesidad de avanzar en su erradicación. Ese fue uno de los argumentos utilizados para otorgarle al Ejecutivo facultades extraordinarias.”
“Sin embargo, cuando se elaboró posteriormente el pliego de la licitación, la limpieza de microbasurales no quedó definida de manera clara como una prestación que todos los oferentes debieran conocer, dimensionar y cotizar en igualdad de condiciones.”
Amiano recordó que, antes de la apertura de las ofertas, una empresa había consultado específicamente si la limpieza de microbasurales formaba parte del servicio y había solicitado información para poder cuantificar esa tarea.
“La respuesta del Municipio no estableció que se tratara de una prestación general obligatoria para todos los oferentes. Pero después, al momento de adjudicar, el decreto valora favorablemente que VITSA se haya ofrecido a realizar esa tarea y reconoce que no estaba expresamente establecida en el pliego.”
“Si era parte del servicio, todos tenían que saberlo. Si era una mejora voluntaria, no puede convertirse después de abiertas las ofertas en un elemento que favorezca a un oferente sin que esa posibilidad haya sido conocida previamente por todos. Y esto es todavía más relevante porque estamos hablando justamente de uno de los problemas que dieron fundamento a la emergencia ambiental.”
Para la presidenta del bloque justicialista, la discusión no se limita al resultado de la licitación, sino que alcanza al modo en que fueron establecidos y aplicados los criterios de evaluación.
“Hay que poder reconstruir cómo se asignó cada uno de los puntos. Aparecen como factores favorables para VITSA su infraestructura instalada, el conocimiento territorial, los puntos críticos, los microbasurales y la reducción del tiempo de adaptación. La pregunta es si todos esos elementos estaban contemplados objetivamente en la matriz de cien puntos que conocían los oferentes o si algunos terminaron adquiriendo peso después de que las propuestas ya habían sido abiertas.”
“Una licitación se tiene que evaluar con reglas conocidas previamente. No se pueden modificar las condiciones de competencia sobre la marcha. Por eso queremos conocer todos los antecedentes, los informes técnicos y los papeles de trabajo utilizados para llegar a cada puntaje.”
El contrato adjudicado a VITSA también constituye, para Amiano, un elemento que obliga a extremar los controles.
“El Decreto Nº 854/2026 establece un precio inicial de 268 millones de pesos mensuales durante 48 meses. Eso representa 12.864 millones de pesos a valores nominales de adjudicación. Además, el pliego contempla actualizaciones trimestrales automáticas y una eventual prórroga por un período igual o menor al plazo original.”
“No estamos hablando entonces de una contratación menor. Son miles de millones de pesos y varios años de prestación de un servicio público esencial. Cuanto mayor es la magnitud económica y temporal del contrato, mayor tiene que ser la transparencia y la posibilidad de control.”
Amiano recordó que los cuestionamientos actuales no constituyen, según sostuvo, una reacción posterior al resultado de la licitación.
“Esto es importante porque nosotros no estamos haciendo ahora una lectura retrospectiva. Ya habíamos advertido lo que podía ocurrir antes de que se abrieran las ofertas.”
La concejal recordó que el primer antecedente se produjo el 19 de marzo, cuando el Concejo Deliberante trató la declaración de emergencia ambiental.
“Antes de que se aprobara la ordenanza ya advertíamos en el recinto que la empresa que iba a terminar prestando el servicio era VITSA. Los camiones de la empresa habían ingresado a Concordia la noche anterior y preguntamos públicamente qué explicación tenía eso. Después se aprobó la ordenanza y, en menos de 24 horas, VITSA comenzó a trabajar en la ciudad.”
La contratación directa posterior fue cuestionada administrativamente y también dio lugar a una denuncia penal. Amiano y la concejal Claudia Villalba llevaron además el caso ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, organismo que abrió actuaciones y requirió documentación al Municipio.
“Después, cuando el Ejecutivo decidió pasar de la contratación directa a una licitación pública, volvimos a analizar el pliego y advertimos nuevamente que determinadas condiciones podían favorecer a la empresa que ya estaba instalada y prestando el servicio.”
“Lo dijimos antes de saber quiénes iban a presentarse y antes de conocer el resultado. Por eso para nosotros es importante que ahora se mire el procedimiento completo y no solamente quién terminó ganando.”
Amiano sostuvo que el proceso ya excedió la discusión política entre oficialismo y oposición.
“Hay una denuncia penal vinculada con la contratación directa anterior, hay actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y ahora existen nuevos elementos surgidos de la propia licitación. Vamos a incorporar esos antecedentes, entre ellos el voto disidente y las diferencias que aparecen en las matrices de evaluación.”
También mencionó las impugnaciones y pedidos de información formulados durante el proceso.
“Hay empresas que realizaron consultas, pidieron aclaraciones, cuestionaron aspectos del pliego y solicitaron información. Todo eso forma parte del expediente y tiene que ser analizado. No podemos elegir solamente la documentación que confirma una determinada decisión y dejar de lado la que plantea objeciones.”
La concejal reclamó que los organismos competentes analicen integralmente el procedimiento.
“Hay un mensaje para la Justicia y para los organismos de control: no alcanza con mirar el decreto final. Hay que mirar todo el proceso. Cómo se declaró la emergencia, qué problema se pretendía resolver, cómo se hizo la contratación directa, cómo se elaboró el pliego, qué información recibieron los oferentes, qué respuestas dio el Municipio, cómo se evaluaron las propuestas, qué documentación se produjo y qué pasó con el voto disidente.”
“Si todo fue realizado correctamente, eso tendrá que surgir de la documentación. Y si hubo irregularidades, serán los organismos competentes los que deberán determinarlo y establecer las responsabilidades que correspondan. No le corresponde a la oposición ni al oficialismo reemplazar a la Justicia o a los organismos de control.”
Finalmente, Amiano insistió en que el Ejecutivo todavía puede revisar el procedimiento.
“Estamos planteando algo muy concreto: que el Ejecutivo no siga avanzando como si nada hubiera pasado. Puede revisar lo actuado, corregir el pliego si corresponde y garantizar un nuevo procedimiento con reglas claras, parámetros objetivos y condiciones de igualdad para todos los interesados.”
“No estamos planteando dejar a Concordia sin servicio. Estamos planteando que un servicio esencial y un contrato de esta magnitud deben tener un procedimiento que pueda ser defendido con documentación y que no deje dudas sobre las condiciones de competencia.”
Y cerró con una advertencia dirigida a quienes tienen responsabilidad institucional sobre el proceso.
“El Ejecutivo todavía está a tiempo de frenar, revisar lo actuado y corregir. Pero si, pese a todas estas advertencias, se insiste en avanzar, la cuestión puede dejar de ser exclusivamente administrativa y dar lugar a eventuales responsabilidades respecto de los funcionarios políticos y administrativos que hayan intervenido en las decisiones cuestionadas.”
“Nosotros ya lo advertimos antes de la contratación directa y lo volvimos a advertir antes de la licitación. Ahora lo que corresponde es que cada organismo haga lo que tiene que hacer. Después nadie podrá decir que no fue advertido.”
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