La Policía de Entre Ríos fotografió la casa de una dirigente del Frente Patria Grande, sin brindar explicaciones sobre el hecho y sin que existiera ningun motivo al respecto. La acción de amedrentamiento y hostigamiento se da contra uno de los sectores políticos que más firmemente se han opuesto a los gobiernos de Milei, Frigerio y Azcue.
Luego de realizar la correspondiente denuncia judicial por el indebido accional policial, desde Patria Grande responsabilizaron directamente al Intendente Francisco Azcue y al Ministro de Seguridad de la provincia Néstor Roncaglia por esta acción.
A continuación publicamos textual el comunicado del Frente Patria Grande de Concordia:
REPUDIO AL HOSTIGAMIENTO POLICIAL CONTRA UNA MILITANTE DE PATRIA GRANDE
Expresamos nuestro repudio ante un hecho ocurrido hoy en Concordia, donde una patrulla policial se presentó en el domicilio particular de Ludmila Fernández Castellano, militante de nuestra organización para fotografiar la fachada de su vivienda, sin brindar explicaciones sobre los motivos de su accionar.
Al ser interpelados y requerirse su identificación, los efectivos no supieron justificar el procedimiento.
Se realizó la denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.
Responsabilizamos políticamente al intendente Francisco Azcué y al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y exigimos explicaciones inmediatas y garantías de que estas prácticas no se repitan.
La seguridad de los ciudadanos también implica proteger sus derechos, su intimidad y su libertad.
Estas prácticas de vigilancia e intimidación son incompatibles con la democracia y evocan los momentos más oscuros de persecución política de nuestra historia.
Repudiamos cualquier forma de hostigamiento contra militantes políticos y sociales y sostenemos una oposición absoluta a toda práctica que pretenda disciplinar mediante el miedo.
Exigimos el esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los efectivos intervinientes y una explicación formal sobre los motivos y el destino de las fotografías tomadas.
La presencia policial en un domicilio particular, sin explicaciones claras, constituye un hecho que genera preocupación por la posible vulneración de derechos fundamentales y que debe ser esclarecido con urgencia.
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