Fuentes del Consejo Departamental del Partido Justicialista de Concordia habrían dejado trascender de manera extraoficial que el ansiado acuerdo para la "normalización" de la fuerza local estaría prácticamente descartado. De confirmarse estas versiones, la tan mentada unidad partidaria se percibiría cada vez más distante, evidenciando una fractura interna que continuaría agudizándose con el paso de los días.
El escenario en el peronismo concordiense se habría tornado vertiginoso e inestable desde que el Partido sufrió profundas divisiones tras las disputas desatadas por las pasadas elecciones internas, en el marco de la dura derrota electoral sufrida por el movimiento en Concordia.
Diversos acontecimientos habrían marcado este sinuoso camino: desde la polémica por el cambio de cerraduras en la sede partidaria —acción supuestamente impulsada por quien se desempeñaba como apoderado, Javier Orduna, quien además habría sido denunciado por presunta violencia de género por la vicepresidenta Yanina Barbona—, hasta la realización de una cuestionada asamblea que habría carecido de quorum. En aquel encuentro, un grupo de jóvenes dirigentes se habría atribuido la conducción partidaria de espaldas a las bases. Toda esta seguidilla de cruces habría derivado en la intervención del Consejo Provincial del PJ Entre Ríos, desde donde se habría designado a un triunvirato con la misión de encauzar institucionalmente la conducción local.
Sin embargo, la mediación encomendada a los tres normalizadores designados —Mayda Cresto, Aldo Álvarez y Walter Doronzoro— no habría logrado apaciguar los ánimos. Las reuniones mantenidas con los consejeros enfrentados habrían demostrado que la atomización del justicialismo concordiense no solo se mantendría, sino que se habría profundizado aún más.
En ese convulsionado clima, habrían surgido duros objetamientos cruzados. Según trascendió, Javier Orduna habría impugnado ante el triunvirato al consejero titular Kevin Inda, bajo el argumento de que éste revistaría como "funcionario de la gestión de Azcué" y que, por ende, no tendría legitimidad para ocupar un cargo en el Consejo. No obstante, en los pasillos de la política local se señala que Inda sería en realidad un agente de planta permanente en el municipio. Por contraposición, trascendió que el propio Orduna integraría la nómina de abogados externos que litigan en representación de la administración de Azcué cobrando deudas de tasas a vecinos en morosidad.
La tensión también habría salpicado el rol de la vicepresidenta del Consejo Departamental, Yanina Barbona. Según versiones partidarias, los normalizadores Cresto, Álvarez y Doronzoro le habrían propuesto relegar su rango institucional para sumarse como una consejera más, condición que Barbona habría rechazado categóricamente alegando el respaldo directo recibido en las urnas por parte de los afiliados. Tras una postergación de siete días convenida para intentar destrabar el conflicto en la sede institucional de calle Güemes, trascendió que la dirigente se habría presentado en la fecha y hora fijadas, pero los integrantes del triunvirato no habrían acudido a la cita, dejándola a las puertas de la sede partidaria que permaneció cerrada y ella bajo la lluvia.
(Con información de ABC1Digital)
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