El robo de cables en el aeropuerto de Concordia vuelve a dejar al descubierto una gestión municipal que, a nuestro entender, no escucha, no previene y demuestra serias dificultades para administrar y proteger las inversiones estratégicas de nuestra ciudad.
Por Dr. Pablo Lapiduz – Asesor
letrado y apoderado de Compromiso por Concordia.
Lo ocurrido en el aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia es tan grave como preocupante. El robo de aproximadamente 1.600 metros de cables del sistema de balizamiento dejó fuera de servicio las operaciones aéreas nocturnas de una de las infraestructuras más modernas de la región, recientemente inaugurada luego de una inversión superior a los 40 millones de dólares.
Estamos hablando de una obra estratégica para el desarrollo
económico, productivo, turístico y comercial de Concordia. Pero también de una
infraestructura indispensable para atender emergencias sanitarias, donde la
posibilidad de operar durante la noche puede significar la diferencia entre la
vida y la muerte.
Resulta inadmisible que
una inversión de semejante magnitud termine con sus operaciones nocturnas
suspendidas por el robo de cables, sin que hasta el momento se conozcan
públicamente las medidas de prevención que existían y las responsabilidades de
cada organismo.
Por supuesto que la responsabilidad penal corresponde a quienes
cometieron el delito. Pero una cosa es la responsabilidad de los delincuentes y
otra muy distinta es la obligación de quienes administran una infraestructura
pública de garantizar su mantenimiento, coordinar su protección y adoptar las
medidas preventivas necesarias.
Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿para qué tenemos un ente autárquico municipal específicamente
destinado a administrar el aeropuerto si no podemos asegurar el funcionamiento
de uno de sus servicios esenciales?
Desde Compromiso por Concordia venimos advirtiendo sobre la
necesidad de transformar profundamente la administración municipal. No nos
hemos limitado a criticar. Hemos presentado más de veinte proyectos e
iniciativas de políticas públicas, con propuestas concretas para mejorar la
gestión, reducir estructuras burocráticas y utilizar responsablemente los
recursos de los vecinos.
Uno de esos proyectos, presentado formalmente ante el Concejo
Deliberante en febrero de este año, proponía precisamente disolver el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de
Concordia (EDAAC) y transferir íntegramente sus funciones, recursos y personal
a la Administración Central Municipal, bajo la responsabilidad directa de la
secretaría que el Departamento Ejecutivo considerara más adecuada.
Lo explicamos, lo fundamentamos y propusimos cómo hacerlo. No se
trataba de abandonar el aeropuerto, sino de fortalecer su administración,
eliminar estructuras innecesarias y establecer mecanismos más directos de
conducción, control y rendición de cuentas.
Incluso solicitamos la
Banca del Pueblo para defender esta iniciativa, respaldada por las firmas de
más de cien vecinos de Concordia. Es decir, no solamente desoyen nuestras
propuestas: tampoco parecen dispuestos a escuchar a los propios ciudadanos que
reclaman una administración más eficiente y responsable.
Sin embargo, jamás fuimos convocados para discutir seriamente esta
propuesta. Y esa es otra característica preocupante de esta gestión: no
escucha.
Un gobierno que cree tener todas las respuestas, que desestima las
propuestas de quienes piensan diferente y que confunde administrar con ocupar
cargos, termina demostrando sus limitaciones en los hechos.
No alcanza con multiplicar funcionarios, mantener estructuras
administrativas o anunciar proyectos. Gobernar
es gestionar, prevenir, resolver problemas y hacerse responsable de los
resultados.
Resulta verdaderamente triste observar cómo inversiones públicas que
deberían representar oportunidades de crecimiento para Concordia enfrentan
problemas que ponen en riesgo su funcionamiento. Una ciudad no puede progresar
si no es capaz de conservar, proteger y aprovechar adecuadamente la
infraestructura que posee.
Esta gestión recibió una ciudad con problemas, naturalmente, pero
también con obras, inversiones, instituciones y proyectos sobre los cuales
tenía la responsabilidad de construir algo mejor. Después de casi tres años, no
puede seguir utilizando permanentemente el pasado como explicación de sus
dificultades.
Nuestra evaluación es que, en demasiadas áreas, estamos viendo
improvisación, falta de planificación y retrocesos donde debería haber avances.
Y lo ocurrido en el aeropuerto exige respuestas concretas, no nuevas excusas.
Por eso reclamamos que las autoridades municipales informen qué
medidas de seguridad y prevención estaban previstas, qué controles se
realizaban, cómo se coordinaba la protección de las instalaciones con los
organismos competentes y cuáles serán las acciones para restablecer las
operaciones nocturnas.
También insistimos en la necesidad de debatir la reorganización del
EDAAC y avanzar hacia una administración más sencilla, eficiente y sometida a
responsabilidades claramente identificadas.
Concordia no necesita más
burocracia ni más discursos. Necesita funcionarios que escuchen, que sepan
administrar y que se hagan cargo.
Porque cuando falta capacidad de gestión, las consecuencias no las
pagan los funcionarios: las pagan los vecinos, los trabajadores, las empresas y
toda una ciudad que sigue esperando que sus oportunidades de desarrollo se
transformen en resultados.
En definitiva, nuestra
conclusión es preocupante: no saben, no escuchan y, encima, demuestran
incompetencia para gestionar. Y no se trata solamente de una crítica política:
hasta la Justicia ordinaria ha debido intervenir frente a decisiones
municipales adoptadas fuera de las competencias que la ley les reconoce. Una
cosa es ocupar el poder y otra muy distinta es saber ejercerlo.
Lamentablemente, las consecuencias de esa diferencia las está pagando toda
Concordia.

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