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La Multisectorial de DDHH destacó el fallo que declara delitos de lesa humanidad las represiones en el Regimiento y cuestiona el proyecto de "armar" a la Guardia Urbana

 La Multisectorial de Derechos Humanos de Concordia manifestó su conformidad con la resolución de la Cámara de Apelaciones de Paraná rechazando los recursos de apelación interpuestos por 4 ex integrantes del Ejército, que confirma que el hecho imputado de asociación ilícita, tormento contra ciudadanos y ciudadanas  de nacionalidad uruguaya en el marco del  plan Cóndor y el encubrimiento del homicidio de Jorge Papetti, constituyen delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles.


"Este fallo vuelve a poner de relieve la importancia de la imposición del cartel que señaliza al Regimiento como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar, como sitio de la Memoria, que asegure la transmisión de los hechos históricos a las nuevas generaciones y revele la verdad del genocidio, aquella verdad objetivamente probada por el Poder Judicial que garantiza la Justicia y un pacto básico de convivencia al condenar aquellos delitos que ofenden a todos los seres humanos", destacaron desde el organismo.

Asimismo, indicaron que la resolución judicial "posibilita volver a repudiar declaraciones negacionistas de representantes del pueblo, en boca de un concejal y no cuestionadas por referentes del oficialismo que, desde la mayor ignorancia y falta de pruebas ha puesto en cuestión la Verdad histórica de los delitos aberrantes, inadmisibles que aún reivindican".

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"Solo con Memoria Verdad y Justicia es posible construir una sociedad democrática y un futuro de paz y esperanza", subrayaron.

RECHAZAN QUE SE "ARME" A LA GUARDIA URBANA

Por otro lado, desde la Multisectorial manifestaron su preocupación y rechazaron "cualquier modificación de la normativa vigente -además a todas luces legalmente cuestionable- que habilite el uso coercitivo y represivo contra los vecinos de nuestra ciudad de Concordia, de armas letales o menos letales (pero que ponen en riesgo la vida o funciones vitales) por parte de la Guardia de seguridad urbana municipal, oportunamente creada con fines de prevención, persuasión y auxilio de la autoridad policial provincial".

"Aspiramos a que los concejales y el Intendente municipal desalienten estas medidas represivas y concentren sus esfuerzos y su creatividad en generar políticas que efectivamente garanticen los derechos humanos y sociales de todas las personas, especialmente en este momento histórico, social y político crítico, donde esos derechos fundamentales están siendo particular y profundamente vulnerados", culminaron.


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