Doble pedido de informes del PJ: buscan claridad sobre el patrimonio de la ex Radio Pública y los salarios de funcionarios

El bloque de concejales justicialistas de Concordia presentó dos pedidos de informe dirigidos al Departamento Ejecutivo Municipal en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante. Las solicitudes buscan obtener información detallada sobre el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos y el destino de los bienes de la disuelta C.A.R.P., conocida como Radio Pública Ciudadana 89.7.

El primer pedido de informe, amparado en las facultades otorgadas por la Ley N° 10.027 y la Ordenanza N° 35.649 , se enfoca en el "Régimen de incompatibilidades" de los funcionarios públicos. Los concejales señalan que pueden surgir situaciones de incompatibilidad cuando un funcionario público percibe haberes previsionales o participa en contratos que comprometen su imparcialidad. Estas situaciones, argumentan, "pueden generar conflictos de intereses y afectar la integridad y transparencia de la administración pública".

En concreto, se solicita al Departamento Ejecutivo que remita la siguiente información:

La nómina de funcionarios públicos que también figuran como prestadores de servicios para la Municipalidad de Concordia.

La nómina de funcionarios que perciben haberes bajo el Código 600 u otra modalidad no remunerativa, con especificación de montos, conceptos y frecuencia de pago.

Información sobre las suspensiones de haberes previsionales de los funcionarios jubilados que han sido designados para ocupar cargos públicos.

El segundo pedido de informe, de gran relevancia social y patrimonial, aborda el "Resguardo, inventario, valuación y transferencia de bienes materiales y activos intangibles" de la disuelta C.A.R.P. (Radio Pública Ciudadana 89.7) . Los concejales fundamentan su pedido en la Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos (Ley N° 10.027), que consagra las facultades de contralor del Concejo Deliberante y obliga a la administración a garantizar la transparencia y correcta administración de los bienes públicos.

La Ordenanza N° 38.621, que disolvió la C.A.R.P., transfirió al Ejecutivo la facultad de disponer de los bienes, pero, según el informe, no estableció un procedimiento detallado para su custodia, inventario, valuación y destino final. Ante esta delegación de decisiones "sensibles a la discrecionalidad del Ejecutivo" , la oposición busca ejercer su rol de control.

Entre los puntos más destacados de esta solicitud, se pide:

El inventario contable y patrimonial actualizado de la C.A.R.P., las medidas de seguridad para su resguardo y el área responsable de su custodia.

Un inventario físico de los bienes materiales, detallando su responsable, metodología y fecha de confección.

Información sobre la dependencia municipal que se hará cargo de la custodia y administración de los bienes.

Detalles sobre si se prevé la venta, concesión, reasignación o liquidación de bienes, y el destino de los fondos.

El mecanismo de valuación que se aplicará a la marca “Radio Ciudadana” y a la frecuencia 89.7 FM.

Las medidas adoptadas para la reasignación del personal de la radio, garantizando que no se realicen reasignaciones arbitrarias.

El bloque justicialista sostiene que la omisión de un inventario actualizado y de un plan de gestión patrimonial "contraviene los principios de eficiencia, legalidad y publicidad de los actos de gobierno". Por la relevancia social y económica de los bienes involucrados, este pedido de informe es considerado "no sólo legítimo sino necesario para preservar el patrimonio de la comunidad y evitar decisiones discrecionales sin control ciudadano"