Por Guillermo Satalía Méndez*
A más de dos años de haber asumido y entrando al tercer año de gestión, el intendente Francisco Azcué sigue sin arrancar. En Concordia, la realidad cotidiana muestra que todo continúa prácticamente igual: no hay obras estructurales, no hay un plan claro de desarrollo y no se percibe una política pública que marque un rumbo distinto para la ciudad.
Lejos de una transformación profunda, lo que sí hubo fueron despidos y recortes que impactan de lleno en los trabajadores municipales y en la capacidad del Estado local para dar respuestas. Mientras tanto, los problemas históricos de Concordia siguen sin abordarse y las promesas de campaña no se traducen en hechos concretos.
A este escenario se suma un dato alarmante: la caída de Concordia en los rankings de transparencia. En lugar de avanzar hacia un gobierno más abierto, con información accesible y control ciudadano, la gestión municipal retrocede. Tanto la transparencia como la honestidad no se declama, se practica, en lo público y en lo privado.
Pero lo más grave es el incumplimiento de la Ley Provincial N° 10.027, que garantiza el derecho de acceso a la información pública. Desde el Concejo Deliberante, como oposición se ha realizado reiterados pedidos de informes que no fueron respondidos en tiempo y forma, o directamente no fueron respondidos. Esto no es una discusión política: es una obligación legal que el Ejecutivo municipal está incumpliendo, como es la obligación de los deberes de funcionarios públicos, y más que claro que no conoce como es la normativa y el rol que cumplimos como oposición: que es legislar, controlar y destituir en otras facultades.
Concordia necesita mucho más que construir enemigos, sostener un relato, hacer marketing o anunciar medidas aisladas. Tampoco alcanza con sobreactuaciones cada vez que se cumple con obligaciones básicas, como el pago de sueldos o compromisos corrientes del municipio. Gobernar es planificar, gestionar y rendir cuentas, no escenificar.
Después de más de dos años de gestión y entrando en la cuenta regresiva del tercer año, ya no hay margen para excusas ni para seguir responsabilizando al pasado. Concordia necesita un gobierno que trabaje, que dialogue con las instituciones y que respete la ley. Cuando una gestión no arranca, el costo no lo paga la política: lo pagan los vecinos.
*Abogado - Concejal – Bloque PJ Concordia

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