El equipo técnico de Compromiso por Concordia ha emitido una contundente advertencia sobre la recientemente sancionada ordenanza de Emergencia Ambiental, calificándola como un andamiaje legalmente vulnerable que otorga facultades extraordinarias abusivas al Ejecutivo municipal.
A través de un minucioso análisis jurídico y contable, denuncian que la norma padece de graves objeciones de razonabilidad y una inconstitucionalidad parcial que pone en jaque la transparencia de la gestión pública.
Fondos multimillonarios bajo la lupa
La mayor alarma radica en la habilitación de un régimen de contrataciones directas que permitiría disponer de casi 28.800 millones de pesos con controles mínimos y un objeto de gasto que carece de definición clara.
Según los especialistas, el municipio estaría utilizando una emergencia transitoria —formalmente declarada por un año— como un "atajo jurídico" para proyectar una reorganización estructural del sistema por seis años, lo que abriría la puerta a una concesión del servicio sin pasar por el proceso de licitación pública exigido por ley.
El documento enfatiza que una deficiencia en la gestión o el deterioro paulatino del sistema no constituyen por sí solos un sustento jurídico para declarar una emergencia. En este sentido, critican que la ordenanza fuera aprobada "sobre tablas" sin un debate institucional de fondo, ignorando además requisitos fundamentales de la Ley Provincial N.º 10.311, como el Plan de Gestión Integral y el cronograma obligatorio para erradicar basurales.
Incertidumbre por la posible operatividad de prestadores privados
En el plano operativo, el informe sugiere que una empresa privada podría estar ya desempeñando tareas vinculadas a la recolección en la ciudad sin que se haya formalizado públicamente la contratación.
De confirmarse que la firma estaría trabajando antes de la existencia del acto administrativo correspondiente, se estaría frente a una situación de extrema gravedad administrativa que acarrearía responsabilidad personal para los funcionarios intervinientes.
Ante este escenario de supuesta improvisación, el equipo técnico exigió la suspensión inmediata de cualquier prestación que no esté legalmente perfeccionada. Asimismo, plantearon un ultimátum de seis preguntas clave dirigidas al Ejecutivo exigiendo detalles sobre las fechas de contratación, los funcionarios firmantes y la documentación de respaldo que sustenta la actividad de la empresa privada en la actualidad.
Puntualmente preguntan:
- En qué fecha exacta se formalizó la contratación directa de la empresa privada que actualmente presta o habría comenzado a prestar servicios vinculados a la recolección de residuos.
- Cuál fue el acto administrativo concreto mediante el cual se dispuso dicha contratación.
- Qué funcionarios intervinieron en cada etapa del procedimiento.
- Quiénes fueron, con nombre y cargo, todos los funcionarios que firmaron los actos administrativos vinculados a la autorización, perfeccionamiento, imputación presupuestaria, control contable, orden de compra, recepción del servicio y eventual pago.
- Si la empresa comenzó a prestar servicios antes de la formalización legal de la contratación y, en su caso, bajo qué supuesto jurídico lo hizo.
- Cuál es la documentación respaldatoria completa del procedimiento administrativo correspondiente.
Finalmente, desde Compromiso por Concordia aclararon que su reclamo no nace de una discusión ideológica sobre modelos estatales o privados, sino de una exigencia de estricta legalidad. "La basura no se resuelve con improvisación y la emergencia no puede ser un cheque en blanco", concluye el texto firmado por el Cr. Álvaro E. Sierra, la Lic. Silvia Dri, los doctores Pablo Lapiduz, Victoria Gallo, Carlos Ruiz Díaz, Ana Carolina Sigot y el Cr. Guido Longo, que puede leerse y descargarse a continuación:
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