El comunicador Jorge Luis Valdez formalizó una solicitud de acceso a la información pública ante el intendente Francisco Azcué. El documento exige detalles precisos sobre la empresa contratada, los montos involucrados y los fundamentos de la "emergencia ambiental" declarada en tiempo récord.
Este jueves 9 de abril, a las 8:20 horas, Jorge Luis Valdez, director de FM Record’s, presentó formalmente ante la mesa de entradas de la Municipalidad un pedido de informes que busca desentrañar las condiciones de la reciente privatización del servicio de recolección.
El reclamo se fundamenta en el derecho constitucional de acceso a la información pública, amparándose en la Ley Nacional N° 27.275 y la Ley Provincial N° 11.191. Según Valdez, la medida es una respuesta necesaria ante la "lamentable y caótica situación económica, social y política" que atraviesa la ciudad, dejando a los vecinos en un estado de "absoluta indefensión".
Una "lupa" sobre el contrato privado
El pliego presentado no es una simple queja, sino un interrogatorio técnico de 25 puntos que exige transparencia absoluta sobre el vínculo con la empresa privada que ya habría comenzado a operar en las calles. Entre los requerimientos más destacados se encuentran:
- Identidad y antecedentes: Se solicita la razón social, CUIT y nómina de accionistas de la empresa contratada, así como su historial de sanciones o incumplimientos previos.
- Costos y pagos: El municipio deberá informar el monto total comprometido, la partida presupuestaria afectada y si ya se han efectuado pagos, adjuntando facturas y comprobantes.
- Fundamentos de la emergencia: Valdez cuestiona qué informes técnicos, jurídicos y ambientales sustentaron la declaración de "Emergencia Ambiental" en "tiempo récord", mientras otros servicios básicos, como el sistema cloacal, se encuentran "abandonados", sostiene.
Alerta por despidos y críticas al poder político
El pedido de informes también pone el foco en el impacto laboral de esta medida. Se pregunta si se evaluó la capacidad operativa del municipio antes de tercerizar y si la entrada de la empresa privada derivará en la "modificación, suspensión o desplazamiento" de los trabajadores municipales que antes realizaban esa tarea.
En un tono más crítico, Valdez denunció que esta situación se da bajo un "escandaloso silencio" del Concejo Deliberante, calificando a algunos ediles como "socios ideológicos" de lo que considera una "tragedia municipal". Además, advirtió que el Ejecutivo tendría en carpeta "más despidos masivos para los próximos días", por lo que solicitó que se declare también la "emergencia laboral, ocupacional y social".
El inicio de una batalla legal
Aunque Valdez expresó sus dudas sobre si el municipio responderá al expediente, aseguró que este es solo "el primer paso" legal antes de recurrir a otras instancias judiciales. El documento deja asentada una reserva para accionar administrativamente en caso de recibir una respuesta "incompleta, ambigua o infundada".
Por ahora, la administración de Francisco Azcué enfrenta el desafío de responder a un cuestionario que no solo busca transparencia administrativa, sino que pone en duda la legitimidad de una de sus decisiones de gestión más polémicas hasta la fecha.
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