Las concejalas Amiano y Villalba cuestionan el silencio de la Justicia en el caso VITSA

Las concejalas Amiano y Villalba cuestionan el silencio de la Justicia y destacan el avance del Tribunal de Cuentas, en la investigación de la contratación de VITSA.

A más de 80 días de la denuncia penal presentada por el Dr. Mariano Giampaolo, las concejalas Carolina Amiano y Claudia Villalba aseguraron que no han recibido información sobre medidas concretas de investigación. En contraste, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos ya requirió documentación al Municipio y al Concejo Deliberante para analizar la regularidad del procedimiento y la razonabilidad del precio contratado.

Las concejalas Carolina Amiano y Claudia Villalba, integrantes del bloque del Partido Justicialista del Concejo Deliberante de Concordia, expresaron su preocupación por la falta de novedades respecto de la denuncia penal vinculada con la contratación directa de VITSA Soluciones Ambientales S.A. para la prestación del servicio de recolección de residuos de la ciudad.

La denuncia fue presentada el 12 de junio de 2026 por el Dr. Rafael Mariano Giampaolo y puso en conocimiento del Ministerio Público Fiscal una serie de hechos vinculados con la legalidad de la contratación directa, su ejecución, control y pagos. Entre otras cuestiones, se solicitó investigar una eventual predeterminación de la empresa contratista, la utilización de la declaración de emergencia, la secuencia de los actos administrativos y la intervención de distintas áreas municipales.

Desde entonces transcurrieron más de 80 días. Las concejalas señalaron que, pese a haber realizado una presentación formal ante la Unidad Fiscal de Concordia el pasado 4 de agosto, hasta el momento no recibieron información institucional que les permita conocer con precisión el estado de la investigación.

En aquella presentación solicitaron expresamente conocer si la denuncia se encontraba efectivamente en trámite, quién o quiénes eran los fiscales responsables, cuál era su estado procesal general y si se habían adoptado medidas destinadas a preservar documentación y evidencia potencialmente relevante.

Además, Amiano y Villalba se ofrecieron formalmente a prestar declaración testimonial, aportar documentación, registros audiovisuales, antecedentes administrativos y colaborar con la investigación, e incluso solicitaron una audiencia institucional con el fiscal responsable.

“Hasta hoy no fuimos convocadas. No estamos reclamando conocer información reservada ni pretendemos interferir en una investigación penal. Somos representantes del pueblo de Concordia y simplemente queremos saber si se está investigando, quién está investigando y si se tomaron las medidas necesarias para preservar las pruebas”, señalaron las concejalas.

El Tribunal de Cuentas sí avanzó

La situación contrasta con lo ocurrido ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos.

Amiano y Villalba realizaron una primera presentación ante ese organismo el 16 de junio y posteriormente ampliaron la documentación el 29 de junio, dando origen al Expediente SG Nº 695/2026. Allí solicitaron que se investigara la contratación, las certificaciones, los pagos realizados, la eventual existencia de perjuicio fiscal y las posibles responsabilidades patrimoniales.

La presentación original pidió específicamente al organismo provincial que requiriera los expedientes y antecedentes de la contratación y analizara su legalidad, regularidad, razonabilidad económica, imputación presupuestaria y eventual afectación patrimonial.

Ahora el Tribunal de Cuentas efectivamente avanzó con el procedimiento de control. Mediante los oficios incorporados al expediente, requirió tanto al Departamento Ejecutivo Municipal como al Concejo Deliberante documentación vinculada con la emergencia, la contratación directa, los decretos, contratos, antecedentes técnicos y jurídicos, certificaciones, facturas, órdenes de pago y demás elementos necesarios para analizar lo sucedido. En particular, el organismo dejó expresamente establecido que busca “verificar la razonabilidad del precio contratado y la regularidad del procedimiento”, otorgando un plazo de diez días para la remisión de antecedentes.

“Valoramos que el Tribunal de Cuentas haya tomado nuestra presentación, haya abierto actuaciones y esté requiriendo la documentación. Es lo que corresponde institucionalmente: investigar, controlar y determinar si la contratación fue regular y si existió o no perjuicio para el patrimonio municipal”, expresaron.

Las concejalas señalaron que, si de esa auditoría surgieran irregularidades o hechos que pudieran tener relevancia penal, deberá el Tribunal de Cuentas denunciarlas en la justicia.

“Lo que preocupa es el silencio de la Justicia”

Para Amiano y Villalba, el interrogante central se encuentra hoy en el ámbito penal.

“Lo que resulta difícil de comprender es que el Tribunal de Cuentas esté avanzando, solicitando expedientes y auditando la contratación, mientras que de la investigación penal, después de más de 80 días, no tengamos ninguna noticia. No estamos pidiendo una condena anticipada ni afirmando responsabilidades penales. Estamos pidiendo algo mucho más elemental: que se investigue”, manifestaron.

Las concejalas remarcaron especialmente el riesgo que implica el transcurso del tiempo en una investigación de estas características. En el escrito presentado ante la Fiscalía ya habían advertido sobre la necesidad de preservar expedientes administrativos, registros informáticos, correos electrónicos, archivos compartidos, sistemas municipales, comunicaciones, órdenes de pago y documentación relacionada con la contratación.

Un contrato millonario y una nueva licitación en marcha

Amiano y Villalba recordaron que no se trata de una discusión menor. La contratación denunciada estableció inicialmente un precio de $250 millones mensuales, con mecanismo de actualización y posibilidad de prórroga, por lo que la eventual afectación económica podría incrementarse sucesivamente si llegaran a comprobarse las irregularidades planteadas.

A esa circunstancia se suma, según señalaron las concejalas, que mientras todavía no existe una respuesta conocida sobre la investigación penal de la contratación directa, el Municipio avanza con una licitación para el servicio, proceso que también ha sido objeto de cuestionamientos respecto de sus condiciones y de un eventual direccionamiento.

“Estamos hablando de una contratación de enorme magnitud económica y de hechos en los que, según la denuncia presentada, podrían haber intervenido numerosos funcionarios y agentes municipales. Si las irregularidades denunciadas finalmente se comprobaran, podríamos estar frente a uno de los casos de mayor gravedad patrimonial e institucional de la historia reciente de Concordia. Precisamente por eso necesitamos una Justicia que investigue y determine qué ocurrió”, expresaron.

Finalmente, Amiano y Villalba adelantaron que si en los próximos días continúa sin existir respuesta institucional, analizarán nuevas herramientas judiciales para obtener una definición sobre el trámite de la denuncia.

“Nuestra pretensión es muy clara: queremos saber si la Justicia va a investigar. Y si entiende que no existen elementos para hacerlo, también corresponde que lo determine y lo fundamente. Lo que no resulta razonable frente a una denuncia de semejante magnitud es que transcurran los meses sin que quienes tenemos responsabilidades institucionales sepamos siquiera cuál es el estado de las actuaciones”, expresaron.